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Ya desde su campaña electoral en 2017, el Presidente Mauricio Macri aseguraba que eliminar la inflación sería la cosa más simple a hacer en su gestión. A 20 meses de su asunción, recién ahora puede empezar a hacer valer su promesa.

El Gobierno de Cambiemos tuvo de entrada un sesgo ideológico en su diagnóstico de la inflación. En efecto, la política anti-inflacionaria se basa únicamente en contraer la cantidad real de dinero en la economía, incluso reconociendo desde los propios informes del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que eso genera una contracción en la actividad económica en el país. La raíz del problema, se explica desde la perspectiva de Cambiemos, está en el déficit fiscal: como el Estado Nacional gasta más dinero del que le ingresa, debe recurrir a pedir prestado al BCRA para financiarse. Por ende, el BCRA debe emitir dinero; más dinero en la economía (suponiendo que la cantidad de mercancías producidas en el país no podía aumentar por esta mayor demanda) implica que cada mercancía aumente su precio en pesos. En ese contexto de una economía que ya no puede seguir aumentando su producción, efectivamente el déficit genera emisión monetaria y la emisión genera inflación. Para solucionar esto, el Gobierno se embarcó en reducir el financiamiento del déficit vía emisión (reemplazándola por emisión de deuda en pesos); a la par, la recesión generó que la emisión monetaria que sí siguiera habiendo no generaría un “exceso de demanda” inflacionario.

Pero este diagnóstico era sólo parcialmente correcto. Existen siempre otras causas posibles de inflación, que el Gobierno explícitamente negó pero que fueron las que generaron el pico de aumento de precios en 2016. En particular, en 2016 la inflación se debió a la devaluación del peso respecto del dólar y al aumento de costos (para comercios, industrias y hogares) derivado de la suba de tarifas de servicios públicos. Estos dos factores explican por qué, pese a la política monetaria contractiva del BCRA, la inflación se disparó hasta 41%-47% (según en qué Provincia midamos) y recién en el último año volvió a desacelerarse.

En julio, finalmente el Gobierno puede mostrar señales de progreso en el frente inflacionario. Para empezar, porque lanzó un nuevo índice de precios al consumidor, de alcance nacional. El flamante IPC-Nacional recoge 320.000 precios en 39 ciudades de todas las Provincias (el anterior sólo recolectaba 90.000 muestras en el área metropolitana de Buenos Aires), incluyendo Ushuaia y Río Grande.
Además, la nueva medición arroja resultados positivos. En los primeros seis meses de 2017, la inflación acumulada del IPC nacional fue del 11,8%. En junio la suba respecto de mayo fue del 1,2% en todo el país y del 1,1% en la región patagónica.
La inflación acumulada en el último año (desde junio del año pasado hasta hoy) es del 21,9%, la más baja en 6 años. La mayor alza se produjo en el rubro de comunicaciones (teléfonos fijos y celulares) con 43,3%, mientras que transporte con 10,1% es el de menor aumento por la postergación de los aumentos de las tarifas de transporte público (que impacta en las grandes ciudades del país).
Sin embargo, el Gobierno aún no puede cantar victoria. Como la inflación nacional acumula un 11,8% en el primer semestre del año, la meta de inflación del BCRA para 2017 (de un máximo de 17%) es prácticamente imposible de cumplir. Para peor, la inflación en julio ya implicará al menos otro 2%, por las subas de precios de combustibles, agua, medicina prepaga, cigarrillos y alimentos. La mayor parte de los analistas económicos pronostica una inflación entre 20% y 22% para fin de año a nivel nacional, anticipando que post-elecciones puede haber más ajustes de tarifas de servicios públicos (como transporte) y mayor cotización del dólar que se expandirán rápidamente al resto de los precios de bienes y servicios.
El Gobierno de Cambiemos se propuso eliminar la inflación y recién a 20 meses de su asunción puede mostrar una mejora en ese sentido. Seguir bajando la inflación es crucial para dar estabilidad al horizonte de decisiones de consumo e inversión; además, quienes más sufren la inflación en Argentina suelen ser los sectores de menores ingresos, a quienes les impacta de lleno en el bolsillo. Pero también hay que cuidar la otra cara de esta política anti-inflacionaria: la recesión económica, la apertura a las importaciones y la aceleración de la inflación en 2016 generaron pérdidas de puestos de trabajo y que quienes conservaron sus empleos sufrieran una caída en el poder adquisitivo del salario, en todo el país y en particular en nuestra Provincia.
No es casualidad que en el plano de lo político la Gobernadora Bertone haga la lectura y resuma todo esto como “el viento en contra”; algo contra lo que ella asegura que luchará y avanzará igual. El dilema de los políticos que gobiernan hoy frente a la situación económica parece oscilar entre aceptar y buscar mitigar los daños o buscar “poner un freno a Macri”, para aquellos que están en mejor posición de poder. Para los políticos que no gobiernan puede llegar a ser mucho más simple por no tener responsabilidades serias de gestión.

 

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